Eliminación del Consejo de Participación Ciudadana

Dadas las recientes acciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), sobre la apresurada designación de la primera autoridad del Defensor del Pueblo, con nula experiencia en materia de derechos humanos, el planteamiento sobre su posible eliminación cobra mayor fuerza. La intención de eliminar el Consejo CPCCS surge como iniciativa del Ejecutivo y es posteriormente materializada en el impulso de la voluntad popular al presentar un proyecto de modificación constitucional compuesto por 82 artículos.

Los argumentos base del gobierno de turno giran en torno a que este organismo ejecutó un rol obsecuente y servidor al gobierno correísta, donde el nombramiento de las autoridades era designado por el partido político Alianza País, partido que constituyó la primera fuerza política del Ecuador en aquel entonces. Asimismo, se derivan diversos cuestionamientos sobre su gestión institucional con respecto a la convocatoria de sesiones para abordar tópicos de participación ciudadana y rendición de cuentas, veracidad con relación a la gestión de cargos públicos, desatención a la función de control social, entre otros.

Sin embargo, ¿cuáles son las posibles consecuencias que se presenten con la eliminación definitiva del CPCCS?

La ausencia de este organismo implica, en primer lugar, la desinstitucionalización estatal de la participación ciudadana, dado que, es el CPCCS, mediante la Subcoordinación Nacional de Promoción de Participación, quien promueve la participación ciudadana, estimula los procesos de deliberación pública y propicia formación a la ciudadanía sobre los mecanismos existentes de participación ciudadana y el funcionamiento del sistema del erario estatal.

La formación a los ciudadanos se vería cohibida y, por ende, el desconocimiento de la ciudadanía en relación con el funcionamiento de los mecanismos de participación iría en aumento. Del mismo modo, la ausencia de la asesoría institucional del CPCCS hacia los ciudadanos, conduce a la alteración de la transparencia en el manejo de los recursos públicos en la agenda presupuestaria de los Gobiernos Autónomos Descentralizados; la convocatoria a asambleas ciudadanas, veedurías, consejos consultivos y el uso de la silla vacía a nivel nacional, reducirían el número de frecuencias de su uso, debido a que los ciudadanos no tienen conocimiento de dichos mecanismos de participación y, por lo tanto, no acceden a los espacios de discusión e intervención en asuntos de interés público.

Las instituciones contarían con un menor grado de intervención estatal al momento de generar mecanismos de rendición de cuentas hacia la sociedad. No se realizarían los respectivos seguimientos a las instituciones en cumplimiento con la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP).

Se prevé que las competencias del Consejo serán destinadas a la Asamblea Nacional, ergo, dado contexto generado a partir de los múltiples escándalos de casos de corrupción en las filas de los partidos políticos que incorporan: gestión de cargos públicos o cobro de diezmos. Adicionalmente, los discursos emitidos por los asambleístas acerca de los temas mencionados cultivan un terreno de dudosa credibilidad a su gestión legislativa y fiscalizadora.

Una de las competencias atribuidas al Consejo es la designación de autoridades como el nombramiento de la primera autoridad de la Procuraduría General del Estado, de los superintendentes, de la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado y Controlaría General del Estado.

Dicha competencia al ser transferida al órgano legislativo le dotaría de mayor poder político sobre los demás poderes del Estado, o bien, generando un desequilibrio político que conllevaría una gestión menos transparente, o bien la sobrecarga de competencias a la Asamblea resultaría en una gestión deficiente de designación de autoridades, establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas y alterando el desempeño de los mecanismos de participación ciudadanía.

De ser materializadas las consecuencias expuestas, el desprestigio de la Asamblea Nacional ascendería, y del mismo modo, el desprestigio de la política ecuatoriana por parte de la ciudadanía.

La eliminación de la institución representativa de la quinta función del Estado implica la desestabilización política dentro del diseño institucional, lo que provocaría la manifestación de incipientes campos de incertidumbre tanto a nivel político como a nivel societal.

Redacción : Diego F. Aguirre, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Central del Ecuador en colaboración con la Fundación Haciendo Ecuador.

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